Para 1959 los norteamericanos eran los dueños de 36 centrales que producían el 40% del azúcar y el 23% de toda la industria no azucarera; tenían importantes inversiones en la banca, el comercio y la minería. Además, sus empresas controlaban el 90% de los servicios eléctricos y telefónicos y el 50% del transporte ferroviario del país.

Sin el rescate de tales propiedades, Cuba no podría desplegar su proceso de industrialización ni tener éxito en las transformaciones agrarias. Tampoco era posible diversificar el comercio exterior, ni lograr la protección de la producción nacional ante la competencia foránea, entre otras limitaciones.

Por otra parte, no se contaba con las inversiones del capital privado extranjero para el desarrollo industrial, casi todo en manos de los monopolios estadounidenses, solo interesados en recuperar el capital invertido, obtener ganancias y saquear el país, sin importarle su desarrollo.

Ante esta situación, la dirección de la Revolución, consciente de que la independencia política, la económica y la justicia social se complementaban, tomó un grupo de medidas dirigidas a salvaguardar la economía del país.

Evidentemente había que hacer pasar a propiedad de la nación los poderosos instrumentos económicos con los que se le estaba atacando. Las empresas monopolistas yanquis no podían seguir dominando nuestra economía.

Los primeros pasos

Ante el anuncio ―realizado por el gobierno revolucionario― de leyes protectoras de los recursos naturales de la Isla; las empresas norteamericanas continuaron saboteando la economía cubana mediante restricciones en el suministro de materias primas para paralizar artificialmente la producción,  con la retirada de sus capitales hacia los Estados Unidos e con interrupciones de la producción en la rama extractiva.

En este contexto se desarrolló el proceso de nacionalizaciones antiimperialistas y de eliminación de la dependencia económica.

Fue así que con el triunfo del 1^o de enero de 1959 el gobierno revolucionario revisó todas las concesiones realizadas por la dictadura de Fulgencio Batista. Con vistas a restablecer la legalidad, transcurridos apenas dos meses del triunfo, el 3 de marzo de 1959, el Gobierno Revolucionario emitió la Ley No. 122.

El Gobierno Revolucionario dispuso entonces las intervenciones de la Cuban Telephone Company y la rebaja de sus tarifas, así como de la llamada Cooperativa de Ómnibus Aliados y la empresa Autobuses Metropolitanos S.A.

De este modo reinició la aplicación de las primeras leyes, reclamadas por los ciudadanos cubanos, y que ahora veían la luz con la naciente Revolución. El Programa del Moncada se hacía vigente para acabar con los abusos y la explotación causados a los cubanos por los gobiernos corruptos de turno, y en especial por la dictadura batistiana.

Con el proceso de nacionalizaciones que se llevó a cabo en nuestro país, la dirección de la Revolución no solo tenía la clara conciencia de que la independencia y la revolución social se complementaban, sino además, el empeño revolucionario de lograrlas.  

Fuentes consultadas

Historia de Cuba. Editorial Pueblo y Educación, 2011.