Referirse a ese trascendental acontecimiento, que en el orden económico, político y social constituyó la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria el 17 de mayo de 1959, supone, necesariamente, tomar en consideración su importancia histórica.

A solo cinco meses del triunfo de la Revolución, el gobierno dicta la primera Ley de Reforma Agraria,  trece años después del asesinato del líder Niceto Pérez en el realengo El Vínculo, ubicado en la actual provincia de Guantánamo, teniendo como escenario el local que ocupara la Comandancia del Ejército Rebelde en la Plata, Sierra Maestra.

Para el campesinado, la Ley significó la entrega gratuita de cien mil títulos de propiedad a colonos, subcolonos, aparceros y precaristas. Toda forma de explotación que tuviese como sustento la propiedad agraria, la extorsionada y viejísima renta del suelo, desaparecía de los campos cubanos.

Asimismo, por primera vez, el campesino cubano prescindió del garrote de la propiedad privada; esta fue sustituida por una organización de crédito estatal para el sector, verdaderamente destinada al fomento de la actividad agrícola, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

El 17 de mayo de 1961 es constituida la Asociación de Agricultores Pequeños (ANAP) durante la Primera Plenaria Nacional. Su papel fundamental era convertirse en una asociación económica de la Revolución que contribuyera al desarrollo de la agricultura nacional.

Todo lo anterior significó el nacimiento de un sector estatal de la economía al convertirse en granjas del pueblo miles de caballerías expropiadas, pero sobre todo tuvo una gran importancia para el fortalecimiento de la alianza obrera-campesina que constituyó el principio de la Revolución.