Cuando en 1991 desapareció la comunidad socialista europea, el imperialismonorteamericano, sus aliados internacionales y la contrarrevolución de Miami esperaban eufóricos el rápido colapso de la Revolución Cubana. Pero el llamado «efecto dominó», que llevaría al fin de Fidel Castro Ruz y del socialismo en Cuba,no se produjo. Desestimaron el apoyo popular y la fortaleza de la autóctona Revolución.

Ante esa realidad el imperialismo multiplicó su odio y hostilidad hacia la Isla y empleó nuevas medidas para intensificar el bloqueo económico. En 1992 el representante demócrata Robert Torricelli, presentó la «Ley para la democracia de Cuba», conocida como «Ley Torricelli», que aprobó el presidente George Bush el 23 de octubre de 1992.

Dicha ley se caracterizó por el uso de «dos carriles». Por un lado otorgabaal presidente de EE. UU.la potestad de aplicar sanciones económicas a países que mantuvieran relaciones comerciales con Cuba; prohibía el comercio con la Isla a subsidiarias de empresas estadounidenses radicadas en terceros países; impedía que barcos de pasajeros o de carga que arribaran a sus puertos lo hicieran por seis meses a puertos norteamericanos y limitó las remesasde dinero de EE. UU. Hacia la Isla, entre otros aspectos. Por el otro, utilizaba modalidades más sutiles, principalmente en la esfera ideológica con la intención de socavar a este proyecto de nación por dentro y atraer a elementos considerados como vulnerables.

La Ley para la democracia cubana de 1992 es un programa de irrespeto a la soberanía, no solo del Estado cubano sino de terceros estados. Por medio de esta legislación, EE. UU.se toma el derecho de dictar políticas tanto para Cuba como para aquellos países que opten por mantener relaciones normales de intercambio comercial con la mayor de las Antillas. Su carácter extraterritorial es evidente.

La fundamentación de la Ley Torricelli, además del tema de la nacionalización de las propiedades, era plantea la inconsistencia del Gobierno con las normas aceptadas de derechos humanos y de valores democráticos. Por este medio se introduce en la política norteamericana la estrategia de hostilizar a nuestro país en el campo de los derechos humanos.

El bloqueo imperial con sus espurios y salvajes andariveles jurídicos y de todo tipo, sigue inalterable, como un dinosaurio condenado a desaparecer con la repulsa del planeta.

En el discurso de clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, en noviembre de 1994, el Comandante en Jefe Fidel explicó: «[…] el bloqueo es una guerra económica contra Cuba, guerra económica; es la persecución tenaz, constante, de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo —Estados Unidos trabaja activamente, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar a cualquier barco que transporte mercancías a Cuba—; es la guerra universal, con ese inmenso poderío a su favor, contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso, con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país».

A 31 años de la instauración de la Ley Torricelli, ciertamente Cuba vive en democracia, pero una democracia socialista que intenta mejorar y hacer mejor esa república «Con todos y para el bien de todos» que soñara José Martí, con la libertad y la justicia social conquistada.