Para asegurar su presencia en cada rincón de la América nuestra, EE. UU ha conseguido tener acceso, de diferentes maneras, a bases e instalaciones militares en toda la región, desde el Atlántico Sur hasta el Caribe y Centroamérica.

Sabemos que tienen ya presencia militar en las ecuatorianas Islas Galápagos; en Argentina, Paraguay, Perú y Colombia. En Centroamérica se asientan en Honduras, Panamá y El Salvador, mientras que el Caribe es sede de instalaciones militares en Curazao, Aruba, Puerto Rico, Islas Vírgenes estadounidenses y la Base Naval de Guantánamo, que mantienen en contra de la voluntad del pueblo y el gobierno cubanos y que es hoy la base militar más antigua que poseen fuera del territorio norteamericano.

Estratégicamente enclavadas, esas instalaciones dan a EE. UU acceso a las operaciones militares en los océanos Atlántico, Pacífico y el Caribe. En la mayoría de los países latinoamericanos, además, se despliegan tropas norteamericanas para los ejercicios y operaciones ya mencionados.

Sin embargo, la misión que mayor esfuerzo demanda de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la región guarda relación con el combate al narcotráfico. Nos referimos a la conocida operación o campaña «Martillo», que el Comando Sur dirige desde Key West, Florida, para tratar de interceptar, lejos de suelo estadounidense, los envíos de drogas que desde América del Sur se destinan al mercado de estupefacientes norteamericano.

Así, en cualquier momento del año, EE. UU mantiene desplegados en el Caribe y el Pacífico centro y suramericanos una amplia red de buques de combate y del Servicio de Guardacostas, apoyados por aviones tripulados y no tripulados de la Fuerza Aérea, la Marina, el Servicio de Guardacostas y la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras.

Aliados de la OTAN, como Canadá, y en especial los que tienen dependencias o territorios en la región, Holanda, Francia y Reino Unido, apoyan esas operaciones, igualmente con medios navales y aéreos.

No hace falta ser un experto militar para comprender el peligro que para nuestros países representa la presencia militar de EEUU y la OTAN acá. Esos mismos medios poseen capacidades para realizar operaciones de Inteligencia contra amigos y enemigos y serían los primeros que, en caso de un conflicto regional, responderían militarmente, ya sea para establecer un bloqueo naval, apoyar un desembarco de fuerzas de operaciones especiales o ejecutar un ataque con cohetes.

Quienes piensen que exageramos, analicen, cualquiera de los destructores coheteriles que la Administración Trump ha enviado recientemente al Caribe y al Golfo de México, traslada unos 50 cohetes crucero suficientes para causar daños de consideración a la infraestructura energética, política o militar de un adversario potencial y para acabar con vidas inocentes.

Si esto no bastara, sugerimos consultar el libro Un Juramento Sagrado (A sacred Oath), escrito por Mark Esper, quien fuera uno de los secretarios de Defensa (2019-2020) de Trump. En el texto, publicado en 2022, el autor revela que el mandatario pidió a sus estrategas, entre finales de 2019 y mediados de 2020, que le presentaran opciones militares contra Cuba y Venezuela, entre otras razones para frenar el flujo de petróleo venezolano hacia nuestro país. Las alternativas que se manejaron incluían un bloqueo militar, así como la interceptación y el abordaje de buques venezolanos y cubanos en alta mar, además de atentados contra la vida del mandatario bolivariano, Nicolás Maduro.

Cuba, de manera oportuna, denunció en las fechas que recoge el libro de Esper los peligrosos movimientos militares de las tropas estadounidenses cerca de Venezuela, algunos de ellos enmascarados o no, en la lucha contra el narcotráfico. La nación bolivariana hizo lo mismo, ante las evidencias de que algo se fraguaba en su contra.

Entonces, parece fácil comprender la preocupación de ambas naciones en relación con los despliegues militares norteamericanos cerca de sus costas. La llegada de Trump nuevamente al poder enciende las alarmas. Se ha rodeado de algunas de las figuras que estimularon los planes militares antes descritos.

Entre ellos, el actual enviado especial para América Latina, Mauricio Claver Carone, quien en el primer mandato de Trump fungió como asesor presidencial para esa región desde el Consejo de Seguridad Nacional. A él se atribuyen las más de 240 medidas aprobadas por Trump contra Cuba, junto al actual secretario de Estado, Marco Rubio. A quienes duden les repetimos: ¡sobran las razones para estar alertas!