Varias reseñas históricas afirman que fue Máximo Gómez quien propuso el sitio donde se redactaría la nueva Carta Magna: Jimaguayú. Un lugar camagüeyano intrincado, donde hacía 22 años había caído en combate por la libertad de Cuba el mayor general Ignacio Agramonte Loynaz.

Días antes de la reunión, el Generalísimo se acercó con su tropa al territorio escogido para velar por la seguridad de los presentes. En este momento, casi las tres cuartas partes del territorio nacional estaban en pie de guerra contra el régimen colonial español.

Desde el 13 de septiembre de 1895 sesionó el Parlamento en un rústico bohío. Una veintena de representantes de las tropas de Oriente, Camagüey y Las Villas, durante tres días fueron enérgicos en sus propuestas, las cuales, tras ser consensuadas, quedaron recogidas en los 24 artículos de la Constitución de Jimaguayú.

En ella se estableció un gobierno centralizado, presidido por Salvador Cisneros Betancourt, que integró en un mismo órgano los poderes legislativo y ejecutivo, mas dejó relativamente libre al aparato militar con el fin de eliminar las discrepancias que habían dañado a la contienda anterior.

Así, el Consejo de Gobierno, encargado de las disposiciones relacionadas con la vida civil y el devenir político de la República en Armas, solo mediaría en las operaciones de carácter militar cuando resultara imprescindible su intervención, por propósitos gubernativos.

La Asamblea Constituyente, tendría a su cargo la responsabilidad de constituir un Gobierno Provisional que asumiría la conducción y destino de la guerra por la independencia del colonialismo español, bajo el liderazgo de Máximo Gómez designado General en Jefe del Ejército Libertador y Antonio Maceo, Lugarteniente General.

Esta era la tercera Constitución proclamada en los campos de Cuba libre, fue un momento decisivo posible gracias a la incansable labor de José Martí para concebir, afianzar y consolidar la unidad revolucionaria entre todos los patriotas. Antes se había promulgado una en Guáimaro (1869) y otra en Baraguá (1878).

El 16 de septiembre de 1895 se firmó el nuevo texto jurídico, con una vigencia de dos años y la posibilidad de que, si a su término, no estaba ganada la guerra, se convocaría una Asamblea de Representantes que podría modificarla y procedería a la elección de un nuevo Consejo de Gobierno.

En acto solemne, el propio combatiente dominicano definido por el Apóstol como “el alma del levantamiento”, fue quien proclamó el Gobierno constituido en la manigua.

A partir de ese momento, jurídicamente pudo accederse al reconocimiento del Gobierno de Cuba Libre a escala internacional. Además, el trabajo unido facilitó acciones por la independencia como la extensión de la guerra a todo el territorio insular por parte de las tropas de Maceo y Gómez, un hecho valorado por los especialistas militares, como la acción militar más brillante y audaz del siglo XIX.

Por tales razones, la Constitución de Jimaguayú, constituyó un pilar en el devenir de la nación, al ser un ejemplo de la confianza en la voluntad civilista y legalista del movimiento libertario.