El bloqueo económico, comercial y financiero, en seis décadas desde su implementación, ha causado pérdidas millonarias a la economía de la Mayor de Las Antillas, frenando así sus posibilidades de desarrollo natural como nación.

La noticia corrió rápidamente y fue titular en los diarios de la época. El 7 de febrero de 1962 John F. Kennedy, quien ocupaba la silla presidencial del pentágono, declaró el bloqueo unilateral a Cuba mediante la Ley de Ayuda Externa de 1961, con lo que cumplía el mandato del Congreso.

La firma que dio paso al decreto había salido de su puño tres días antes. Tenía como objetivo cortar vínculos de toda índole con la Isla para cercar su economía y provocar el derrocamiento de su naciente gobierno.

Sin embargo, aunque esperaban el fin del proceso revolucionario en cuestión de meses, Cuba se mantuvo en pie y respondió con resistencia, lucha y emancipación a pesar de las muchas limitaciones y un embargo que la estrangulaba lentamente.

Antes de la firma

En fecha tan temprana como el 3 de enero de 1961, el mandatario estadounidense Dwight D. Eisenhower, rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Esta situación se volvió aún más tensa cuando es relevado de su cargo días después por Kennedy, quien resultó ser un fiel seguidor de sus políticas.

Luego sucedieron una serie de acciones como la inclusión en las Regulaciones de Exportación, de un listado conformado con productos alimenticios y medicinas que requerían licencia general para poder entrar en la Isla. Esa fue la primera medida de la nueva administración, sin dudas un preludio a la difícil situación económica que llegaría después.

Como no resultó suficiente, a solo 24 horas de la firma, el Departamento del Tesoro promulgó la Regulación para Importaciones Cubanas, que prohibía importar mercancías de origen cubano en territorio estadounidense.

El objetivo era claro e imposible de ocultar: ahogar económicamente a la nación caribeña y rendir a su pueblo debido a las carencias. Cerrar, bloquear, impedir, hostigar… Esa era la meta y lo sigue siendo.

Otras leyes

El calendario no se detuvo y las administraciones siguientes no abandonaron el marcado propósito. En el año 1992 llega la ley Torricelli, haciendo del bloqueo un asunto extraterritorial, pues sancionaba a terceros países basándose en un acápite que prohíbe a subsidiarias estadounidenses en estas naciones comercializar con la Mayor de Las Antillas. Luego aparece en escena la ley Helms-Burton, que recrudeció y afianzó la más hostil de las políticas.

Otras leyes, como la de Reformas de Sanciones Comerciales y Ampliación de Exportaciones, que llegaron en el año 2000, robustecieron el genocidio más largo de la historia e impidieron a los ciudadanos norteamericanos viajes a Cuba en calidad de turismo, siendo el único país vetado para ellos. Estas medidas impiden además, el financiamiento de productos agrícolas de Estados Unidos para que sean vendidos en la Isla.

La llegada a la presidencia de Donald Trump constituyó “la cereza del pastel”. Cuando pensamos que la situación no podía empeorar recrudeció la política de una forma sin precedentes, mientras defendía la posición de “ayudar” al pueblo cubano. Su forma peculiar de asfixiar —al ritmo de casi una medida por semana—, prácticamente ató de manos y pies a la nación que se esfuerza por salir adelante. Las medidas contra Cuba dañan a su población y a los cubanos que residen en territorio estadounidense o en cualquier otro rincón del mundo.

Por otra parte, la administración Biden, que se encuentra en el poder actualmente; colmó de promesas a su población durante la campaña electoral, pero hasta el momento no ha manifestado intenciones o acciones que puedan ayudar a la Isla, por lo cual resultó ser “el mismo perro con diferente collar”.

El bloqueo es rechazado por la mayoría de la comunidad internacional en votaciones anuales que se llevan a cabo en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Dicho embargo constituye una trasgresión grave al Derecho Internacional, pues se entromete en nuestros asuntos internos, frena nuestro desarrollo, violael principio de independencia de una nación y los derechos humanos de once millones de cubanos, aproximadamente.