En lo que debe apreciarse igualmente como una consecuencia de la aplicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, EEUU ha reforzado su cooperación militar con varias naciones del Caribe, como Trinidad y Tobago y República Dominicana.

De manera oficial, ello se presenta como la necesidad de fortalecer lazos ante las amenazas regionales, en particular el combate al narcotráfico, y para enfrentar de manera conjunta los desastres naturales. Los acuerdos facilitan la presencia de tropas y medios de combate, aseguramiento logístico y de vigilancia.

Sin embargo, esas «buenas intenciones» pueden derivar hacia amenazas muy serias a la paz regional. Una mayor presencia militar estadounidense en nuestra área geográfica nunca ha traído beneficios para las naciones que la conforman y revela un trasfondo mucho más complejo, con fines geopolíticos.

Las naciones con las cuales EEUU ha logrado acuerdos recientes se ubican estratégicamente en el Caribe. Su posición las convierte en puntos importantes para asegurar la vigilancia de rutas marítimas y aéreas, ya sea en tiempos de paz o ante crisis, a tono con los planes imperiales. Se convierten, por tanto, en plataformas o bases operativas avanzadas para la proyección del poderío estadounidense y para amenazar a otras naciones que, como Venezuela y Cuba, tienen una proyección política y un sentido de la soberanía que entran en contradicción con los intereses de Washington.

Venezuela hoy, y mañana….

La decisión estadounidense de incrementar su presencia militar en América Latina y trabajar para garantizar el acceso a regiones y recursos estratégicos importantes en la región supone un peligro no solo para Caracas y La Habana.

Las presiones para que terceros países rompan acuerdos o eviten nuevos vínculos con China, por ejemplo, resultan arriesgadas, como mínimo. Ello debilita su soberanía y en la práctica les somete a los designios imperiales. Ese país ha dejado claro que propiciará ayuda y acuerdos a naciones que se alineen con su visión del mundo y que les apoyen a «compartir la carga»¹ contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos.

Los planes injerencistas militares contra Caracas son evidentes. Tras percatarse de que se equivocaron en sus apreciaciones, pues en Venezuela no ha habido ni golpes de Estado traicioneros ni revueltas populares contra sus autoridades que le faciliten «el trabajo», EEUU parece apostar por una operación de cambio de régimen por la fuerza.

Le queda contra Venezuela el peligroso y desestabilizador uso de la fuerza para derrocar a Nicolás Maduro y apropiarse de los recursos que les ha prometido la traidora María Corina Machado, aunque no tiene respaldo legal alguno para decidir algo como eso. El inmerecido Nobel de la Paz no la faculta para ello.

Por esa razón, el Departamento de Guerra yanqui ha seguido fortaleciendo su presencia militar en el área, con recursos que, como se ha denunciado internacionalmente, nada tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico y sí con agresiones militares previas de ese país.

EEUU parece decidido a repetir costosos patrones intervencionistas. Ignoran sus halcones de turno las preocupaciones de su opinión pública, de voces sensatas en el Congreso y, sobre todo, las experiencias de los últimos 25 años en Medio Oriente y el Norte de África, donde el «día después» no salió como esperaban. Las agresiones dejaron a países y regiones en crisis, mucho más volátiles, ingobernables y peligrosas, también por el odio y rencor que despertaron hacia el Imperio.

América Latina no puede ignorar el peligro que existe. Desde el 5 de diciembre pasado, en que EEUU publicó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, se ha «legalizado» un accionar que apunta a la confrontación, a la división regional; solo valen los intereses de Washington, que exigirá sumisión total.

Ese país ya ha cometido ejecuciones extrajudiciales, al bombardear sin presentar evidencias lanchas en el Caribe y el Pacífico centroamericano, por presuntamente estar involucradas en el narcotráfico; ya comenzaron los actos de piratería, tras el secuestro de un buque petrolero. No será esta la última muestra de vandalismo y prepotencia.

Se impone, entonces, el combate mediático y la denuncia oportuna de los planes de Trump, por injerencistas y violadores del Derecho Internacional, como bien señaló el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su intervención durante la XXV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, el 14 de diciembre último.

Referencias:

1 https://www.whitehouse.gov.