Ante determinados sucesos en el escenario internacional, la prensa se apura a reportar, informar, en la búsqueda de la primicia o el «palo periodístico». Todo vale en función de ser los primeros en dejar saber de un suceso que «vende».

Conviene, sin embargo, volver la cabeza y la mente atrás, revisar qué se dijo y qué no. Explicar a una audiencia ávida de información veraz la verdad sobre ese tema que generó titulares y que la prensa que responde a intereses hegemónicos no aborda, muchas veces por tratarse de cuestiones difíciles, que pueden incluso costar el puesto al periodista que se atreva a investigar y presentar los hechos como verdaderamente fueron.

Uno de esos casos, reciente y doloroso, ha sido la agresión a Venezuela por las Fuerzas Armadas de EEUU. Parte de la prensa de ese país y de sus afines, se han dedicado a ensalzar el hecho, a justificarlo como un procedimiento ejecutado con el objetivo de hacer cumplir la ley. Pocos lo han denunciado como lo que es, un acto ilegal contra una nación soberana, en la que se puso en marcha nuevamente la ya famosa guerra judicial o «lawfare» ¹.

Por eso describen como «arresto» o «captura» la operación militar contra el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Omiten a sabiendas que lo ocurrido ha sido un secuestro, una violación de las leyes internacionales, un acto de guerra contra un país con el que EEUU no estaba en guerra.

El propio Departamento de Justicia estadounidense lo admitió unos días antes del crimen, en un memorando enviado al Asesor Legal de la Casa Blanca, en el que debía analizar desde el punto de vista legal la operación «Absolute Resolve». Lo hicieron, pero lejos de abogar por impedirlo, teniendo en cuenta elementos que se exponen en el propio memorando, se proporcionan argumentos, pretextos, para avalar el crimen.

Esos pretextos han sido presentados por el Gobierno de EEUU para justificar lo injustificable: el secuestro de un presidente en ejercicio, la invasión ilegal de un país, el uso abrumador e injustificado de la fuerza. Lo podemos demostrar.

Qué dice el memorando del Departamento de Justicia

El memorando está firmado por el Subprocurador General de EEUU, T. Elliot Gaiser, al frente de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Justicia. Fue tramitado el 23 de diciembre de 2025, justo un día antes de que el presidente Trump aprobara la ejecución de la operación contra el líder venezolano.

El texto, publicado en el sitio web del referido Departamento2 pocos días después de la agresión, está lleno de tachaduras para evitar la revelación de nombres y de otra información comprometedora. Concluye apreciando que sería legal, a la luz de las leyes estadounidenses, la captura de Maduro por la fuerza y su presentación ante la Justicia, sin que la manera en que lo hicieron comprometa la realización del juicio en Nueva York contra el líder venezolano.

Para ello se presentaría la agresión como una operación del Departamento de Guerra en apoyo a las fuerzas del orden público, a partir de importantes intereses de seguridad nacional. Por el volumen de fuerzas y la duración de la acción, no debería considerarse un acto de guerra, basado en la Constitución estadounidense.

Admite el memorando, sin embargo, que, a la luz de las leyes internacionales, resulta una violación y se puede considerar como un acto de guerra. Sin embargo, añade que esas leyes no aplican para EEUU y el presidente Trump podía autorizarla, teniendo en cuenta situaciones similares que sirven como precedentes.

Esos precedentes han sido otros actos de secuestro en terceros países, ejecutados para eliminar o capturar terroristas e incluso jefes militares de naciones contra las que EEUU no estaba en guerra, como el caso del General iraní Soleimani, asesinado en Iraq mediante el ataque de un dron estadounidense, durante el primer mandato de Trump.

El memorando deja claro que la operación que se ejecutó violaba la Carta de la ONU, que en su artículo dos señala que los países miembros deben abstenerse de emplear la fuerza o amenazar con su empleo en sus relaciones internacionales ni violar la integridad territorial o independencia política de un Estado. Solo este artículo basta para desmontar la mentira. Pero hay más.

Referencias:

1. El diccionario Collins define lawfare o guerra judicial como una acción estratégica de procedimientos legales para intimidar o impedir, obstruir, obstaculizar el accionar de un oponente. Ver en www.collinsdictionary.com
2. https://www.justice.gov/olc/media/1423306/dl?inline.