El 16 de febrero de 1903, finalmente se concreta parte de lo que los estadounidenses habían estado buscando: el presidente Tomás Estrada Palma suscribió un convenio que cedía a Estados Unidos porciones de terreno en Caimanera para la instalación de una estación naval.

Este acto no fue un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de fuertes presiones políticas y debates acalorados a lo interno del país. La cesión se realizó en cumplimiento del artículo VII de la Enmienda Platt, un apéndice constitucional impuesto en 1901 bajo la amenaza de prolongar la ocupación militar. La Asamblea Constituyente había aprobado la Enmienda, con renuencia y divisiones, entendiéndola como una especie de mal necesario para lograr el fin formal de la ocupación iniciada en 1899.

La negociación del convenio, si acaso puede llamarse negociación, se desarrolló en un clima de asimetría total. Estrada Palma, electo en 1902 en comicios supervisados por la potencia ocupante, encarnaba una visión política conservadora y alineada con Washington. Su presidencia se caracterizó por la austeridad fiscal y un acentuado servilismo hacia los intereses yanquis que veían en la isla una pieza geoestratégica esencial.

Particularmente, el acuerdo, ratificado días después por el presidente Theodore Roosevelt, estipulaba el arrendamiento de 117,2 km² en la bahía de Guantánamo «por el tiempo necesario» para establecer estaciones carboneras y navales, a cambio de una renta anual.

El texto jurídico era particularmente lesivo. En su artículo III, Estados Unidos reconocía «la continuación de la soberanía definitiva de la República de Cuba» sobre el territorio, pero al mismo tiempose le concedía «jurisdicción y señorío completos» sobre el área durante el período de ocupación. Esta contradicción, que diluía la soberanía efectiva, sería una fuente permanente de conflicto.

Para muchos contemporáneos, la firma simbolizó una traición a los ideales de independencia absoluta por los que se había luchado durante tres décadas, y fue leída como un acto de clara continuidad con las tendencias anexionistas del siglo anterior. Por ese motivo el acuerdo tuvo una férrea oposición y delegados constituyentes como Salvador Cisneros Betancourt advirtieron que cláusulas como la referida a las bases navales «cercenan el territorio cubano» y esclavizaban «la suerte de los cubanos venideros».

La firma consolidó un modelo de relación neocolonial, donde la independencia formal coexistía con una dependencia real en materia de defensa y política exterior. Por su parte, la base se convirtió en un enclave extraterritorial que sirvió, en repetidas ocasiones, como plataforma para intervenciones militares estadounidenses en la isla. Su presencia alteró profundamente la vida social y económica de la región oriental, fomentando en sus alrededores actividades ilícitas.

La reclamación por la devolución del territorio comenzó de manera inmediata tras el triunfo revolucionario de 1959, aunque la semilla del repudio se había plantado medio siglo antes. El carácter lesivo del convenio de 1903 radicaba no solo en la mutilación territorial, sino en la naturaleza coercitiva de su origen y en la perpetuidad tácita de su vigencia. El análisis de este episodio revela, más que la simple firma de un tratado, la compleja y difícil encrucijada en que se encontró la república naciente, definida por presiones externas y liderazgos internos que priorizaron una estabilidad ficticia sobre la plena soberanía.

Las apetencias de hoy solo han cambiado en su ambición. El actual inquilino de la Casa Blanca no se conforma con una porción de tierra, sino que tiene desvaríos con el fin de la Revolución y la reescritura de la historia. 

Referencias

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