La madrugada del 1ro de enero de 1959 no solo marcó el derrumbe de una tiranía; abrió también un laboratorio político y jurídico sin precedentes en la historia de Cuba. En medio de la euforia popular y de la urgencia por desmontar las estructuras del viejo régimen, la Revolución se enfrentó a una pregunta crucial: ¿desde dónde se iba a legislar el nuevo país? La respuesta quedó plasmada el 7 de febrero de 1959, cuando se promulgó la Ley Fundamental de la República, texto que tradujo jurídicamente un proceso revolucionario en marcha.

Uno de los reclamos centrales del movimiento revolucionario fue el restablecimiento de la Constitución de 1940, considerada una de las más avanzadas de su época. Al triunfo de la Revolución, el nuevo gobierno ratificó su vigencia, pero dejó abierta la puerta a las modificaciones necesarias para hacer posible los postulados revolucionarios. La Ley Fundamental conserva buena parte de aquel articulado, pero introduce cambios decisivos para adecuarlo a la dinámica de un poder que aspiraba a transformar el Estado desde la raíz.

Entre las modificaciones más significativas estuvo el traslado de las funciones legislativas del Congreso al Consejo de Ministros, convertido en depositario de los plenos poderes legislativos. Este movimiento no fue un simple ajuste técnico: significó desmontar el andamiaje parlamentario de la República neocolonial y concentrar la capacidad de legislar en el órgano ejecutivo revolucionario.

La redefinición del papel del Primer Ministro también marcó un punto de inflexión. El artículo 146 lo convierte en jefe político del gobierno, respondiendo a la condición establecida por Fidel Castro para aceptar el cargo. Con ello, se integraba el liderazgo político de la Revolución con la dirección ejecutiva del Estado, legalizando una realidad de poder nacida en la lucha insurreccional.

La Ley Fundamental se pronuncia además sobre la propiedad, prohibiendo la confiscación como principio general, pero autorizándola en casos vinculados a la tiranía derrocada, la corrupción y los delitos contra la economía nacional. Una disposición transitoria abrió el camino a la Reforma Agraria, al permitir indemnizaciones mediante Bonos, creando el soporte jurídico para una de las transformaciones estructurales más profundas del proceso revolucionario.

El texto reafirma a Cuba como Estado independiente y soberano, declara que la soberanía reside en el pueblo y define quiénes son los cubanos por nacimiento y naturalización. En este marco se comprende la posibilidad de reconocer como cubanos por nacimiento a extranjeros que lucharon en el Ejército Rebelde, base jurídica que explica decisiones históricas como la que declaró ciudadano cubano por nacimiento al Comandante Ernesto Che Guevara.

La Ley dedica un amplio espacio a los derechos individuales y garantías fundamentales, desde la igualdad ante la ley hasta la libertad de expresión, culto, reunión y asociación, así como garantías procesales como el habeas corpus y la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, prevé la suspensión temporal de algunas garantías en situaciones excepcionales, reflejando la tensión entre la defensa del proceso revolucionario y la preservación de derechos esenciales.

La Ley Fundamental rigió hasta el 24 de febrero de 1976, cuando entró en vigor la nueva Constitución aprobada por referendo. Durante casi 17 años acompañó las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas del país, adaptándose mediante reformas sucesivas al desarrollo del proceso revolucionario. Su importancia radica en haber sido el puente entre la legalidad republicana de 1940 y la nueva legalidad socialista que se consolidaría después.

Más que un texto jurídico, la Ley Fundamental de 1959 es un espejo del momento fundacional de la Revolución. En sus artículos conviven la herencia constitucional, las urgencias de un país que sale de la dictadura y la voluntad de dotar de forma legal a un poder nacido de la insurrección. Leerla hoy permite entender cómo la Revolución se pensó a sí misma: como un proyecto de reordenamiento profundo de la nación, su ciudadanía, sus derechos y su sistema de poder.

Fuentes consultadas

Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria, 7 de febrero de 1959, pp. 1-30